Áreas de Práctica

Bermudo & Quijada ha evolucionado desde su primigenia vocación mercantilista y civilista, hacia una apertura a nuevos sectores jurídicos, fiscales, económicos, contables y financieros.

Este crecimiento progresivo hace que estemos en condiciones de ofrecer a nuestros clientes un análisis integrado de cada asunto en el que formamos parte.

Los servicios profesionales que ofrece nuestro Bufete se sustentan sobre la base de 30 años de experiencia acumulada en el sector de la asesoría jurídica, tributaria y económica-financiera y de auditoría, desarrollada por la impecable labor profesional de los distintos especialistas que componen nuestro equipo.

SERVICIOS LEGALES:

El Derecho Mercantil ha constituido, desde sus comienzos, uno de los pilares fundamentales en la actividad del bufete. La vocación mercantilista de este despacho permite que nuestro cualificado equipo de profesionales pueda ofrecer a la empresa la solución que más se adecua a sus necesidades en cada momento, todo ello, de una forma creativa y eficaz.

Contamos con un equipo integrado por diversos especialistas, lo que nos permite enfocar cada operación desde una perspectiva multidisciplinar, garantizando una solución integral que abarca un análisis completo de todos los aspectos relevantes que afectan a cada situación (mercantiles, laborales, fiscales, defensa de la competencia, etc.)

Nuestros Abogados y Economistas cuentan con una dilatada trayectoria asesorando a clientes en todo tipo de operaciones mercantiles, desde la constitución u optimización de una estructura societaria, fusiones, absorciones, etc. hasta los aspectos legales y económicos de su actividad cotidiana, incluyendo asesoramiento externo como miembros y Letrados Asesores de Consejos de Administración o Juntas Generales de Accionistas. Entre el amplio abanico de operaciones que han venido caracterizando el asesoramiento prestado por nuestro despacho, podemos enumerar:

– Mercantil y Societario.

– Concursal.

– Patentes y Marcas.

– Defensa de la Competencia.

– Propiedad Intelectual e Industrial y Nuevas Tecnologías.

Nuestro Bufete considera esencial para la prestación de un servicio integral y multidisciplinar -dada su marcada orientación hacia la empresa- la resolución de todo tipo de asuntos, controversias y consultas que se puedan derivar de las relaciones, a cualquier nivel, de una sociedad con sus asalariados, tales como negociación de convenios, Expedientes de Regulación de Empleo, reestructuraciones de plantilla, etc, o con la Seguridad Social. (I.N.S.S., Tesorería General, Inspecciones de Trabajo etc.)

El Bufete cuenta entre sus profesionales con acreditados expertos en esta materia, que prestan asesoramiento tanto en conflictos de índole exclusivamente laboral, como, a modo de soporte, analizando los diversos aspectos relacionados con el Derecho del Trabajo en todas las operaciones en las que intervenimos. Nuestros servicios se centran en:

– Laboral y de la Seguridad Social.

– Negociación.

– Prevención de Riesgos Laborales.

– Procesal Laboral.

– Contratación.

Nuestro Bufete está orientado a ofrecer el mejor y más completo de los servicios a todos sus clientes, disponiendo de este modo, de profesionales expertos en materia de Derecho Penal, de manera que se garantiza una defensa de los derechos de sus clientes en cuestiones de este ámbito:

– Penal General.

– Penal Económico.

No son pocas las situaciones en las que una empresa ha de mantener relaciones con las Administraciones Públicas a todos los niveles: concursos, solicitudes de subvenciones, contratación directa e indirecta, licencias, concesiones etc.

El Bufete tiene una amplia experiencia en el campo administrativo, consolidada por un trato continuo con las diferentes Administraciones: Estatal, Autonómica y Local.

Por tanto, el Bufete ofrece la contrastada experiencia de sus miembros, en aquellos casos, en los que por surgir cualquier tipo de conflicto con una Administración Pública, resulta necesaria la interposición de un recurso, ya sea en la vía administrativa o bien en la Contencioso-Administrativa:

– Público, Administrativo y Contencioso.

– Sectores Regulados y Local.

– Urbanismo.

– Minas.

Existen situaciones que surgen a lo largo de la vida, que requieren del asesoramiento legal que garantice la resolución del problema de forma eficaz, por lo tanto, en nuestro Bufete ofrecemos un asesoramiento completo sobre diversas situaciones que acontecen en el día a día relativas a las siguientes materias:

– Derecho de familia.

– Inmobiliario.

– Contractual.

– Hipotecario.

– Morosidad e impagos.

– Extranjería.

– Seguros.

Actualmente, el Derecho Tributario forma parte esencial de las actuaciones en nuestra vida cotidiana y en la de las empresas, por ello, consideramos esencial en nuestro Bufete el mantener una constante actualización en lo que a la materia se refiere, así como ofrecer un asesoramiento especializado relacionado con la fiscalidad de personas tanto físicas como jurídicas. Nuestros servicios se refieren por tanto a las siguientes materias:

– Fiscal en todos los impuestos y materias, contando con un servicio especializado en el Impuesto sobre el Valor Añadido en el ámbito internacional.

– Procesal Tributario.

SERVICIOS ECONÓMICO-FINANCIEROS:

Nuestro Bufete proporciona una amplia gama de servicios tanto a particulares como a empresas, por tanto, en lo que se refiere al ámbito del derecho económico-financiero, ofrecemos un asesoramiento integral que comprende desde la aplicación nacional de la normativa vigente en la formulación de las cuentas anuales, hasta la aplicación de la misma a nivel internacional.

Al ser un Despacho multidisciplinar, la experiencia que nos precede nos permite ofrecer los servicios referidos a:

– Contabilidad.

– Asesoramiento financiero integral.

– Estudios económico-financieros.

– Proyectos de viabilidad.

AUDITORÍA:

Nuestros servicios de auditoría se encuentran orientados a proporcionar información financiera para el empleo de ésta por parte de la alta gerencia, así como para juntas directivas, inversionistas y otros interesados, e, igualmente, para que los sujetos a esta obligación legal cumplan la normativa vigente.

Nuestros auditores le brindarán asesoría en la identificación de los riesgos y las oportunidades de mejora en los controles internos que son clave para su negocio.

Los servicios de auditoría que ofrecemos suponen un paso más para expresar una opinión sobre las cuentas anuales, o sobre cualquier otra operación societaria que exija dicho servicio; y proporcionan a nuestros clientes un conocimiento riguroso de las fortalezas y debilidades de su negocio.

Además, el Bufete ofrece a sus clientes un servicio especializado en la realización de estudios económico-financieros centrados en el control de costes, la contabilidad presupuestaria, la realización de proyectos de viabilidad, estudios económicos, asesoramiento financiero y de inversiones etc.

Así mismo, ponemos a su disposición un equipo multidisciplinar de profesionales expertos tanto en contabilidad como en fiscalidad y tecnologías de la información, que cuenta con una amplia experiencia en estas materias así como en la gestión de los cambios que en ellas se producen.

Áreas de Práctica

El Tribunal Supremo, en su Sentencia en 950/2018, de 19 de marzo,con número de Recurso de Casación Contencioso Administrativo 2070/217, ha admitido que en determinados supuestos, los ingresos obtenidos por un abogado en el ejercicio de su profesión, por su actuación de defensa procesal en un litigio cuya duración se haya extendido más de dos años cuando se perciban de una sola vez o en varias en el mismo ejercicio, se consideran generados en un periodo superior a dos años a los efectos de acogerse a la reducción de un 40% de los rendimientos netos prevista al efecto en el artículo 32, párrafo primero, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio(en adelante, LIRPF). No obstante, partimos del ejercicio fiscal del año 2009, y el citado artículo 32 párrafo primero ha sufrido modificaciones derivadas del artículo 1.19 de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006 , de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ,el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo , y otras normas tributarias. En la actualidad, la versión aplicable al ejercicio fiscal del 2017 es la siguiente: “Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por ciento, cuando, en ambos casos, se imputen en un único período impositivo. La cuantía del rendimiento neto a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales. No resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aun cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos” Pero, en el ejercicio fiscal de 2009 al que alude la citada Sentencia del Tribunal Supremo 950/2018, de 19 de marzo, el precepto legal que se recoge en el Fundamento Cuarto contenía la siguiente regulación: "Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 40 por ciento. El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan. No resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aún cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos" El Tribunal se encarga principalmente de resolver las siguientes cuestiones (fundamento tercero): 1.- Si los ingresos obtenidos por el recurrente por los servicios jurídicos documentados obtenidos en el ejercicio de su profesión por los que se reclama, se integran dentro de una de las dos hipótesis definidas en el apartado primero de dicho precepto, es decir, si se trata de rendimientos netos con un período de generación superior a dos años. 2.- Concretar los conceptos jurídicos indeterminados de la habitualidad y de la regularidad, a la profesión de abogado globalmente considerada, o a lo que sea habitual o regular para el contribuyente cuya declaración haya sido objeto de comprobación fiscal. 3.- Precisar a quién corresponde la carga de probar la concurrencia de la salvedad o excepción prevista en el reiterado apartado tercero. En cuanto a la primera de las cuestiones, el tribunal responde lo siguiente: “la primera conclusión que debemos establecer es que los rendimientos percibidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, como retribución por sus servicios de defensa jurídica en procesos judiciales que se han prolongado más de dos años y se han percibido a su finalización, en un solo periodo fiscal, deben entenderse, a los efectos de su incardinación en el artículo 32.1, párrafo primero, de la ley del IRPF, como generados en un periodo superior a los dos años. Con ello no hacemos sino seguir la doctrina establecida en nuestra sentencia de 1 de febrero de 2008 (recurso de casación para la unificación de doctrina nº 183/2003), que se remite a su vez a otra anterior de 15 de julio de 2004, pronunciada en el recurso de casación para la unificación de doctrina nº 1364/1999, referida ésta a un arquitecto.”(fundamento tercero). Respecto a la segunda, en el Fundamento Cuarto se establece: “…a efectos de la excepción contenida en el párrafo tercero del mencionado precepto, la regularidad o habitualidad de los ingresos cuya concurrencia descarta aquella reducción ha de referirse al profesional de cuya situación fiscal se trate y a los ingresos obtenidos individualmente en su impuesto personal, no a la actividad de la abogacía o a características propias de ésta, global o abstractamente considerada”. Y la tercera de las cuestiones se resuelve de la siguiente manera: “..obviamente, tal carga incumbe a la Administración, quien por ende habrá de afrontar las consecuencias desfavorables derivadas de su falta de prueba". Para acceder a la sentencia completa pinche aquí.  

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