La Firma

HISTORIA

La firma, nace en el año 1984, fundada por Miguel Bermudo Valero y Araceli Quijada Millán, contando ya con más de 30 años de historia, convirtiéndose en Bufete de Abogados y Economistas, en 1985, mediante un régimen de colaboración profesional, con una finalidad: unificar, en una misma firma los conocimientos y experiencia previamente adquiridos por su variada formación y práctica de la profesión.

Con ello, se crea una firma multidisciplinar, que cubre tanto cuestiones puntuales de particulares y empresas, como las derivadas del asesoramiento permanente empresarial, o de grandes proyectos, mediante la prestación de un servicio serio, responsable, eficaz, y cualificado, realizado siempre por profesionales con dilatada y contrastada experiencia profesional.

Con los años, la citada colaboración, tomó forma societaria, convirtiéndose la misma, en 1998 en Sociedad Civil Profesional.

El Bufete, pionero en la materia, se constituyó mediante escritura pública otorgada por los Fundadores, con fecha 25 de enero de 2.007, en base al Proyecto de Ley de Sociedades Profesionales, 121/000077, entonces en tramitación, manifestando, en la misma escritura, su voluntad de adaptarse a dicha ley, en cuanto la misma entrara en vigor, lo que así ocurrió.

En la actualidad, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, así como en los correspondientes Colegios Profesionales de Abogados y Economistas, a los que pertenecen en la actualidad también, y como personas físicas, todos sus Socios.

MISIÓN Y VALORES

Misión:

En Bermudo & Quijada consideramos que la cercanía y el trato individualizado a cada cliente nos permite ofrecer el prestar un servicio de alta calidad.

Nuestra firma pone a su disposición a nuestro equipo de Abogados, especializados en las diversas ramas del Derecho, además de a expertos Economistas. Ello facilita al cliente soluciones integrales, analizadas desde una perspectiva global, a los diferentes problemas que plantea el tráfico jurídico y económico actual.

Valores:

Tradición y experiencia

Bermudo & Quijada es una firma que ha sabido retener durante su crecimiento sostenido, la esencia del desempeño tradicional de la abogacía, haciendo hincapié en la individualización de cada encargo profesional, en un tratamiento cercano fundado en la empatía con el cliente y en la confianza mutua. Por otra parte, la experiencia de cada uno de nuestros Abogados y Economistas, permiten que el servicio prestado alcance un nivel técnico en el que calidad y rigor se convierten en la mejor garantía.

Innovación

Nuestra firma ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades que el mercado reclama sin perder la esencia de aquello que nos ha convertido en lo que hoy somos. Por ello, el equipo de profesionales que integra este Bufete se encuentra en un continuo estado de formación, buscando proporcionar al cliente las herramientas que, en cada momento, resulten adecuadas. Además, contamos con las más novedosas tecnologías al servicio de nuestro trabajo y de nuestra experiencia.

Ética profesional

Nuestro equipo de trabajo está firmemente comprometido con los principios deontológicos que regulan su actividad. En este sentido, la totalidad de nuestros profesionales están obligados al estricto cumplimiento de la normativa ética que establecen sus respectivos Colegios y Consejos, la cual, declaran conocer, y asumen como propia.

En el ejercicio de su actividad nuestros abogados y economistas garantizan la más estricta confidencialidad y rigor deontológico.

Servicio de alta calidad

El tener como objetivo primordial proporcionar un servicio eficaz y de máxima calidad, nos obliga a exigir a nuestro equipo de profesionales, además de una íntegra formación académica, profesional y personal, un permanente estado de aprendizaje. Sin duda, el dinamismo del mercado jurídico y económico que nos rodea así lo requiere.

Nuestros Abogados y Economistas realizan un estudio exhaustivo de cada uno de los asuntos que en los que el Bufete interviene. Con la creación de equipos multidisciplinares y específicos de trabajo para cada supuesto, se logra un tratamiento integral de una determinada problemática, analizándola desde las diversas perspectivas que le puedan afectar.

Treinta años de práctica jurídica y económica, en los que hemos experimentado un crecimiento continuo y sostenido, junto con la acreditada satisfacción de nuestros clientes son los principales baluartes que nos avalan.

SOCIOS DIRECTIVOS:

TRADICIÓN JURÍDICA:

Bermudo & Quijada está integrado actualmente por un grupo de Abogados y Economistas que tienen como denominador común su amplia trayectoria, y su reconocido prestigio profesional y académico.

Contaba originariamente con sede en la calle Monsalves, en pleno centro de la ciudad de Sevilla, caracterizándose inicialmente por mantener una orientación manifiestamente civilista y mercantilista.

En los últimos años, debido a su posicionamiento como firma de referencia dentro de su ámbito de actuación, nuestro Bufete ha experimentado un notable crecimiento, trasladándose a una sede más amplia situada en Oscar Carvallo, en pleno nuevo centro financiero y comercial de Sevilla, como es el barrio de Nervión, y cercano a las sedes judiciales de nuestra ciudad, y a los Registro de la Propiedad y Mercantil.

Desde esta nueva perspectiva, la firma ha sabido conjugar experiencia y tradición jurídica, con las dosis necesarias de innovación que el mercado reclama para dar cobertura a las nuevas necesidades de nuestros clientes.

ALUMNI:

Bermudo & Quijada crea este espacio como nexo de unión de aquellos profesionales que han formado parte en algún momento de nuestra firma, contribuyendo a su expansión y desarrollo. Como parte de la gratitud y reconocimiento que el Bufete guarda hacia ellos deseamos fomentar el contacto, tanto entre ex-compañeros entre sí, como de éstos con la firma.

• LAURA ALIAGA SANCHO

• ESTEFANÍA CEBALLOS CABALLERO

• Mª ISABEL MENCHÉN RODRÍGUEZ

• ANTONIO MANUEL MORILLO SÁNCHEZ

• JESÚS MANUEL COCA LÓPEZ

• VICTORIA RODRÍGUEZ REINA

• CARLOS CORREDERA DOMÍNGUEZ

• ISABEL CASTRO CASAS

La Firma

El Tribunal Supremo, en su Sentencia en 950/2018, de 19 de marzo,con número de Recurso de Casación Contencioso Administrativo 2070/217, ha admitido que en determinados supuestos, los ingresos obtenidos por un abogado en el ejercicio de su profesión, por su actuación de defensa procesal en un litigio cuya duración se haya extendido más de dos años cuando se perciban de una sola vez o en varias en el mismo ejercicio, se consideran generados en un periodo superior a dos años a los efectos de acogerse a la reducción de un 40% de los rendimientos netos prevista al efecto en el artículo 32, párrafo primero, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio(en adelante, LIRPF). No obstante, partimos del ejercicio fiscal del año 2009, y el citado artículo 32 párrafo primero ha sufrido modificaciones derivadas del artículo 1.19 de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006 , de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ,el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo , y otras normas tributarias. En la actualidad, la versión aplicable al ejercicio fiscal del 2017 es la siguiente: “Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por ciento, cuando, en ambos casos, se imputen en un único período impositivo. La cuantía del rendimiento neto a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales. No resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aun cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos” Pero, en el ejercicio fiscal de 2009 al que alude la citada Sentencia del Tribunal Supremo 950/2018, de 19 de marzo, el precepto legal que se recoge en el Fundamento Cuarto contenía la siguiente regulación: "Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 40 por ciento. El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan. No resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aún cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos" El Tribunal se encarga principalmente de resolver las siguientes cuestiones (fundamento tercero): 1.- Si los ingresos obtenidos por el recurrente por los servicios jurídicos documentados obtenidos en el ejercicio de su profesión por los que se reclama, se integran dentro de una de las dos hipótesis definidas en el apartado primero de dicho precepto, es decir, si se trata de rendimientos netos con un período de generación superior a dos años. 2.- Concretar los conceptos jurídicos indeterminados de la habitualidad y de la regularidad, a la profesión de abogado globalmente considerada, o a lo que sea habitual o regular para el contribuyente cuya declaración haya sido objeto de comprobación fiscal. 3.- Precisar a quién corresponde la carga de probar la concurrencia de la salvedad o excepción prevista en el reiterado apartado tercero. En cuanto a la primera de las cuestiones, el tribunal responde lo siguiente: “la primera conclusión que debemos establecer es que los rendimientos percibidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, como retribución por sus servicios de defensa jurídica en procesos judiciales que se han prolongado más de dos años y se han percibido a su finalización, en un solo periodo fiscal, deben entenderse, a los efectos de su incardinación en el artículo 32.1, párrafo primero, de la ley del IRPF, como generados en un periodo superior a los dos años. Con ello no hacemos sino seguir la doctrina establecida en nuestra sentencia de 1 de febrero de 2008 (recurso de casación para la unificación de doctrina nº 183/2003), que se remite a su vez a otra anterior de 15 de julio de 2004, pronunciada en el recurso de casación para la unificación de doctrina nº 1364/1999, referida ésta a un arquitecto.”(fundamento tercero). Respecto a la segunda, en el Fundamento Cuarto se establece: “…a efectos de la excepción contenida en el párrafo tercero del mencionado precepto, la regularidad o habitualidad de los ingresos cuya concurrencia descarta aquella reducción ha de referirse al profesional de cuya situación fiscal se trate y a los ingresos obtenidos individualmente en su impuesto personal, no a la actividad de la abogacía o a características propias de ésta, global o abstractamente considerada”. Y la tercera de las cuestiones se resuelve de la siguiente manera: “..obviamente, tal carga incumbe a la Administración, quien por ende habrá de afrontar las consecuencias desfavorables derivadas de su falta de prueba". Para acceder a la sentencia completa pinche aquí.  

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR