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El Tribunal Supremo, en su Sentencia en 950/2018, de 19 de marzo,con número de Recurso de Casación Contencioso Administrativo 2070/217, ha admitido que en determinados supuestos, los ingresos obtenidos por un abogado en el ejercicio de su profesión, por su actuación de defensa procesal en un litigio cuya duración se haya extendido más de dos años cuando se perciban de una sola vez o en varias en el mismo ejercicio, se consideran generados en un periodo superior a dos años a los efectos de acogerse a la reducción de un 40% de los rendimientos netos prevista al efecto en el artículo 32, párrafo primero, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio(en adelante, LIRPF). No obstante, partimos del ejercicio fiscal del año 2009, y el citado artículo 32 párrafo primero ha sufrido modificaciones derivadas del artículo 1.19 de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006 , de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ,el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo , y otras normas tributarias. En la actualidad, la versión aplicable al ejercicio fiscal del 2017 es la siguiente: “Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por ciento, cuando, en ambos casos, se imputen en un único período impositivo. La cuantía del rendimiento neto a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales. No resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aun cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos” Pero, en el ejercicio fiscal de 2009 al que alude la citada Sentencia del Tribunal Supremo 950/2018, de 19 de marzo, el precepto legal que se recoge en el Fundamento Cuarto contenía la siguiente regulación: "Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 40 por ciento. El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan. No resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aún cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos" El Tribunal se encarga principalmente de resolver las siguientes cuestiones (fundamento tercero): 1.- Si los ingresos obtenidos por el recurrente por los servicios jurídicos documentados obtenidos en el ejercicio de su profesión por los que se reclama, se integran dentro de una de las dos hipótesis definidas en el apartado primero de dicho precepto, es decir, si se trata de rendimientos netos con un período de generación superior a dos años. 2.- Concretar los conceptos jurídicos indeterminados de la habitualidad y de la regularidad, a la profesión de abogado globalmente considerada, o a lo que sea habitual o regular para el contribuyente cuya declaración haya sido objeto de comprobación fiscal. 3.- Precisar a quién corresponde la carga de probar la concurrencia de la salvedad o excepción prevista en el reiterado apartado tercero. En cuanto a la primera de las cuestiones, el tribunal responde lo siguiente: “la primera conclusión que debemos establecer es que los rendimientos percibidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, como retribución por sus servicios de defensa jurídica en procesos judiciales que se han prolongado más de dos años y se han percibido a su finalización, en un solo periodo fiscal, deben entenderse, a los efectos de su incardinación en el artículo 32.1, párrafo primero, de la ley del IRPF, como generados en un periodo superior a los dos años. Con ello no hacemos sino seguir la doctrina establecida en nuestra sentencia de 1 de febrero de 2008 (recurso de casación para la unificación de doctrina nº 183/2003), que se remite a su vez a otra anterior de 15 de julio de 2004, pronunciada en el recurso de casación para la unificación de doctrina nº 1364/1999, referida ésta a un arquitecto.”(fundamento tercero). Respecto a la segunda, en el Fundamento Cuarto se establece: “…a efectos de la excepción contenida en el párrafo tercero del mencionado precepto, la regularidad o habitualidad de los ingresos cuya concurrencia descarta aquella reducción ha de referirse al profesional de cuya situación fiscal se trate y a los ingresos obtenidos individualmente en su impuesto personal, no a la actividad de la abogacía o a características propias de ésta, global o abstractamente considerada”. Y la tercera de las cuestiones se resuelve de la siguiente manera: “..obviamente, tal carga incumbe a la Administración, quien por ende habrá de afrontar las consecuencias desfavorables derivadas de su falta de prueba". Para acceder a la sentencia completa pinche aquí.  

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