El Gobierno publicar\u00e1 en un portal de Internet el nombre de las personas o entidades beneficiarias de subvenciones y ayudas p\u00fablicas que hayan sido concedidas por la Administraci\u00f3n General del Estado, sus organismos y entidades vinculantes o dependientes a partir del a\u00f1o 2014, as\u00ed como \u00abel nombre y apellidos o la denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social\u00bb de los infractores.<\/p>\n
La iniciativa emana de una enmienda ‘popular’ a la ley de racionalizaci\u00f3n del sector p\u00fablico y otras medidas de reforma administrativa que en el Pleno del Senado del pasado mes de julio se concret\u00f3 en dos transaccionales que fueron aprobadas tras obtener el apoyo de varios grupos parlamentarios.<\/p>\n
El texto establece que la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) \u00aboperar\u00e1 como sistema nacional de publicidad de subvenciones\u00bb y \u00abservir\u00e1 de medio electr\u00f3nico\u00bb para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia contempladas en la ley de Transparencia aprobada en diciembre del pasado a\u00f1o.<\/p>\n
En concreto, se recoge que la BDNS dar\u00e1 publicidad a estas prestaciones \u00abcon indicaci\u00f3n de la convocatoria, beneficiario e importe concedido\u00bb. Eso s\u00ed, la publicaci\u00f3n de subvenciones concedidas se restringe a cuando facilitar los datos del beneficiario sea \u00abcontrario al respeto y salvaguarda del honor, intimidad personal o familiar\u00bb y \u00aba la propia imagen\u00bb.<\/p>\n
Adem\u00e1s, esta base de datos \u00abpodr\u00e1 suministrar informaci\u00f3n p\u00fablica sobre las sanciones firmes impuestas por infracciones muy graves\u00bb, y concretamente, \u00abse publicar\u00e1 el nombre y apellidos o la denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social del sujeto infractor, la infracci\u00f3n cometida\u00bb as\u00ed como la infracci\u00f3n que le sea impuesta.<\/p>\n
PORTAL DE LA TRANSPARENCIA<\/p>\n
La medida, que deber\u00e1 ser aprobada de manera definitiva en el Pleno del Congreso en septiembre, tiene el objetivo de cumplir con la previsi\u00f3n de crear un ‘Portal de la Transparencia’ a nivel estatal –recogida en la ley de Transparencia de 2013– para facilitar el acceso de los ciudadanos a la informaci\u00f3n relativa a algunos \u00abactos de gesti\u00f3n administrativa con repercusi\u00f3n econ\u00f3mica o presupuestaria\u00bb.<\/p>\n
As\u00ed pues, el Gobierno modificar\u00e1 la Ley General de Subvenciones del a\u00f1o 2003 para incorporar diversas medidas de transparencia informativa. En el nuevo art\u00edculo 20 se establece que, entre otros organismos, la administraci\u00f3n p\u00fablica estatal, las auton\u00f3micas y locales, as\u00ed como los partidos pol\u00edticos y las organizaciones sindicales \u00abestar\u00e1n obligados a suministrar informaci\u00f3n\u00bb a esta base de datos.<\/p>\n
Todo ello, a sabiendas de que las comunidades aut\u00f3nomas y entidades locales \u00abpodr\u00e1n adoptar otras medidas complementarias y de colaboraci\u00f3n para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia\u00bb recogidas en la norma que vela por la transparencia.<\/p>\n
SE PUBLICAR\u00c1 LA CANTIDAD CONCEDIDA<\/p>\n
De este modo, la BDNS, que es administrada por la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda, \u00abpublicar\u00e1 en su p\u00e1gina web\u00bb las convocatorias de subvenciones as\u00ed como las concedidas.<\/p>\n
De hecho, se establece que \u00ablas administraciones concedentes deber\u00e1n remitir a la BDNS las subvenciones concedidas con indicaci\u00f3n, seg\u00fan cada caso, de la convocatoria, el programa y cr\u00e9dito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y objetivo y finalidad de la subvenci\u00f3n con expresi\u00f3n de los distintos programas o proyectos subvencionados\u00bb.<\/p>\n
Seg\u00fan se se\u00f1ala en el articulado, la finalidad de la BDNS es \u00abpromover la transparencia\u00bb y \u00abmejorar la gesti\u00f3n y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas p\u00fablicas\u00bb as\u00ed como \u00abgarantizar el derecho de los ciudadanos\u00bb a conocer dichas prestaciones p\u00fablicas.<\/p>\n
MULTA DE 3.000 EUROS<\/p>\n
En cualquier caso, en el nuevo apartado 3 del art\u00edculo 62 de la Ley General de Presupuestos se incluir\u00e1 que en el caso de que las administraciones, organismos o entidades anteriormente mencionadas no cumplan con la obligaci\u00f3n de suministro de informaci\u00f3n a la base de datos \u00abse impondr\u00e1 una multa, previo apercibimiento, de 3.000 euros\u00bb. Adem\u00e1s esta sanci\u00f3n \u00abpodr\u00e1 reiterarse mensualmente\u00bb hasta que no se cumpla con la obligaci\u00f3n que vela por la transparencia.<\/p>\n
Asimismo, se recoge que el expediente sancionador este incumplimiento ser\u00e1 iniciado por acuerdo del IGAE y la resoluci\u00f3n ser\u00e1 competencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones P\u00fablicas. <\/p>\n