Cuando se realiza la compraventa de una vivienda, en la escritura p\u00fablica se tiene que fijar un valor sobre el cual se van a abonar los impuestos correspondientes. Para comprobar si estos valores son los correctos, la Consejer\u00eda de Hacienda tiene un plazo de cuatro a\u00f1os desde la fecha de adquisici\u00f3n.<\/p>\n
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anul\u00f3 ya en fecha 1 de octubre de 2013\u00a0[1]<\/a> el m\u00e9todo de valoraci\u00f3n seguido por la Administraci\u00f3n Tributaria Valenciana. En ese momento el m\u00e9todo llevado a cabo era el dictamen de peritos (art\u00edculo 57.1 e) Ley 58\/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en adelante LGT) considerado, por este Tribunal, contrario a derecho.<\/p>\n En realidad el sistema que prev\u00e9 la Ley para estos casos no puede asimilarse a \u00e9ste, \u201cm\u00e1s bien, tal sistema vendr\u00eda a encajar en la figura de la letra b) del dicho precepto legal, estimaci\u00f3n por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de car\u00e1cter fiscal\u201d dice el Tribunal. Ya que el valor obtenido tras la comprobaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n tiene que ser un valor individualizado, <\/strong>que era muy dif\u00edcil lograr si el perito de la administraci\u00f3n lo \u00fanico que hac\u00eda era tomar un valor colectivo, ajeno a cualquier individualizaci\u00f3n, como es el catastral y aplicarle coeficientes correctores que ni siquiera son constatados.<\/p>\n Tras esta sentencia la Generalitat Valenciana comenz\u00f3 a aplicar un nuevo sistema de valoraci\u00f3n basado en aplicar al valor catastral unos coeficientes multiplicadores (art\u00edculo 57.1 b) LGT) que se publican a trav\u00e9s de una orden de la Generalitat.<\/p>\n Pero de nuevo, el 28 de octubre de 2015[2]<\/a>, el Tribunal Superior de Justicia consider\u00f3 que no era v\u00e1lido dicho m\u00e9todo, al reparar que sigue conteniendo los mismos errores que el anterior, ya que esta comprobaci\u00f3n de valores sigue sin ser espec\u00edfica y determinada, desnaturalizando la gesti\u00f3n individualizada contemplada en la ley reguladora del impuesto.<\/p>\n Adem\u00e1s la Administraci\u00f3n no puede eliminar sin m\u00e1s los datos declarados por los contribuyentes, debiendo solo realizar los actos de comprobaci\u00f3n o investigaci\u00f3n necesarios en aquellos casos en que no estime ciertas las declaraciones. Aclara el Tribunal que, \u201ca la Administraci\u00f3n Tributaria le corresponde acreditar los extremos de hecho que doten de legitimidad su liquidaci\u00f3n tributar\u00eda y que puedan considerarse suficientes para contradecir la declaraci\u00f3n del obligado tributario\u201d.<\/em><\/p>\n Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, con esta sentencia ser\u00e1 posible anular las comprobaciones y liquidaciones dictadas en base al m\u00e9todo de valoraci\u00f3n impugnado desde 2013<\/p>\n [1]<\/a> Sentencia n\u00fam. 1336\/2013 de 1 octubre. JT 20131656<\/p>\n