Sentencia de fecha 1 de Abril de 2015 de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n Segunda.<\/p>\n
Con fecha 1 de abril de 2015, se dict\u00f3 la Sentencia supra indicada, fallando en contra de un Recurso Contencioso-Administrativo presentado por una auditora, en el que se recurr\u00eda, Acuerdo del TEAC de 1 de marzo de 2012, en materia de Impuesto sobre Sociedades, en virtud del cual, se desestim\u00f3 el recurso de alzada interpuesto por la citada auditora, contra la resoluci\u00f3n del TEAR de Valencia de 28 de enero de 2009, relativa a \u201crequerimiento para suministro de determinada informaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Al amparo del art\u00edculo 93 de la Ley 58\/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante la LGT), se solicito por la Dependencia Regional de Inspecci\u00f3n de Valencia, documentaci\u00f3n \u00edntegra de la auditor\u00eda, realizada por la recurrente, a la mercantil auditada, sobre las cuentas anuales de \u00e9sta, relativa al ejercicio 2001, as\u00ed como otra informaci\u00f3n de \u00edndole contable.<\/p>\n
Resuelve el Tribunal, sobre los l\u00edmites que ampara el derecho al secreto profesional, en este caso, el secreto profesional del Auditor de Cuentas, en confrontaci\u00f3n con las limitaciones que la Ley impone al requerimiento que la Administraci\u00f3n Tributaria puede hacer a los obligados tributarios, en concreto, sobre el tipo de informaci\u00f3n que puede exigir.<\/p>\n
El requerimiento, debe versar sobre la informaci\u00f3n con trascendencia tributaria que se deduzca de las relaciones econ\u00f3micas, profesionales o financieras entre empresa Auditora y Auditada, pero, alega la actora, que no era esa la informaci\u00f3n que interesaba, sino, la que pudo haber conocido como consecuencia de la prestaci\u00f3n de sus servicios profesionales de auditor\u00eda, se\u00f1alando que, no est\u00e1 obligada a proporcionar dicha informaci\u00f3n en virtud del secreto profesional y que, la facilitaci\u00f3n de la misma a persona o entidad no autorizada constituir\u00eda una conducta tipificada en el art\u00edculo 33.d) del Real Decreto Legislativo 1\/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditor\u00eda de Cuentas, como infracci\u00f3n muy grave, la cual ser\u00eda, el incumplimiento del deber de secreto, establecido en el art\u00edculo 25.<\/p>\n
El Abogado del Estado se opone, considerando que el requerimiento est\u00e1 amparado por el art\u00edculo 93 de la LGT, sin que el deber de secreto impida atenderlo, no siendo aplicable a este caso el apartado 5 del art\u00edculo 93 de la LGT, dado que la recurrente no realiza labores de defensa, y que los datos requeridos, tienen trascendencia tributaria.<\/p>\n
Queda latente, que la clave del secreto profesional recogido en el art\u00edculo 93.5 LGT, pende de la condici\u00f3n de que, la auditor\u00eda no inclu\u00eda la contrataci\u00f3n de los servicios de defensa de la mercantil auditada.<\/p>\n
Establece el Tribunal Supremo, que, en el caso de los Auditores de Cuentas, el secreto profesional est\u00e1 elaborado desde el punto de vista de la relaci\u00f3n auditor-cliente, amparando a \u00e9ste frente a cualquier extralimitaci\u00f3n del profesional, sin perjuicio de lo cual, tal secreto no es oponible frente al Instituto de Contabilidad y Auditor\u00eda de Cuentas, exclusivamente a los efectos del ejercicio del control t\u00e9cnico y, tampoco lo es, frente a quienes resulten designados por resoluci\u00f3n Judicial o est\u00e9n autorizados por Ley, siendo que este \u00faltimo supuesto habilita, sin discusi\u00f3n, a la Inspecci\u00f3n de Hacienda, de la mano de los preceptos citados de la Ley General Tributaria. El ensamblaje entre la existencia del secreto profesional, reconocido y garantizado por la Ley, y el deber de colaboraci\u00f3n tributaria, aparece por tanto perfectamente delineado, siendo inoponible en el presente caso.<\/p>\n
Finaliza el alto tribunal dictaminando que, no pueden acogerse las alegaciones de la parte actora pues, el requerimiento se ajust\u00f3 a los par\u00e1metros legales, y fue cursado por quien legalmente estaba facultado para ello, no cabiendo oponer al mismo el deber de secreto profesional y, como consecuencia, no cabe pensar que, por prestar a la Administraci\u00f3n la colaboraci\u00f3n a que estaba legalmente obligada, la recurrente pueda incurrir en infracci\u00f3n alguna. Se condena a la actora en costas.<\/p>\n
<\/p>\n
Para acceder al contenido \u00edntegro de la sentencia pinche en el siguiente enlace:<\/p>\n