Hoy realizaremos, por la novedad que representa en relaci\u00f3n a la jurisprudencia que \u201catemperaba\u201d \u00faltimamente esta cuesti\u00f3n, una breve rese\u00f1a sobre la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 788\/2017, de 9 de marzo.<\/p>\n
Todo comenz\u00f3 cuando Roque y Agustina, los recurrentes, acordaron un pr\u00e9stamo hipotecario con la entidad bancaria Caja Rural de Teruel, por importe de 270.000\u20ac. Dicho pr\u00e9stamo pod\u00eda devolverse en cuotas mensuales. En el contrato se establec\u00eda que \u201cel tipo aplicable al devengo de los intereses ordinarios de acuerdo con lo establecido en los p\u00e1rrafos anteriores no podr\u00e1 ser, en ning\u00fan caso superior al 8,00 por ciento nominal anual, ni inferior al 3,00 por ciento anual<\/em>\u201d.<\/p>\n Los recurrentes impugnaron dicha clausula, debido a que consideraban que les dejaba en una gran posici\u00f3n de indefensi\u00f3n, y que no fueron debidamente informados acerca de su inclusi\u00f3n en el contrato. La petici\u00f3n fue desestimada en primera instancia, ya que el tribunal consider\u00f3 que estaban bien informados del contenido de la clausula tras evaluar varias pruebas (mismo tipo de letra en el contrato, explicaci\u00f3n por parte de la notario\u2026). Dicha sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Teruel, que confirm\u00f3 lo dictado, puesto que a su juicio cumpl\u00eda con los requisitos de transparencia exigidos para la validez de las clausulas suelo (claridad en la redacci\u00f3n, el texto aparec\u00eda resaltado, se hab\u00eda aplicado una clausula menor de lo que la entidad suele aplicar normalmente, lo que derivaba en que hab\u00eda sido negociada\u2026). Tras esta resoluci\u00f3n ambos recurrentes presentaron recurso de casaci\u00f3n ante el TS.<\/p>\n El TS considera que el motivo alegado por los recurrentes (no acomodaci\u00f3n de lo dispuesto en la \u201cSentencia 241\/2013 de 9 de mayo<\/em>\u201d, sobre par\u00e1metros a seguir para controlar la transparencia de las clausulas suelo) no es v\u00e1lido, puesto que \u201cel control de contenido no puede referirse \u00aba la definici\u00f3n del objeto principal del contrato ni a la adecuaci\u00f3n entre precio y retribuci\u00f3n, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cl\u00e1usulas se redacten de manera clara y comprensible<\/em>\u00bb\u201d (Fundamento de Derecho Segundo, 2), doctrina respaldada por el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea. El TS considera tambi\u00e9n que \u201cla cl\u00e1usula cumple los requisitos de transparencia exigidos por la sala<\/em>\u201d, pues no hay que olvidar que lo relevante es que no es necesario que los tribunales \u201ctenga[n] que mencionar todos y cada uno de los par\u00e1metros empleados por la sentencia 241\/2013, de 9 de mayo, para poder concluir, en aquel caso, que las cl\u00e1usulas enjuiciadas superan el control de transparencia<\/em>\u201d (Fundamento de Derecho Segundo, 7).<\/p>\n Como conclusi\u00f3n, terminamos se\u00f1alando la relativa novedad de esta sentencia, que estimamos de inter\u00e9s.<\/p>\n